Una de las noticias más comentadas del día ha sido la iniciativa del juez Baltasar Garzón para tratar de recopilar la lista de represaliados según dice la providencia «desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936, como consecuencia directa del denominada "alzamiento nacional", y la situación de guerra civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España [...]».
Se han remitido oficios solicitando información y documentación entre otros al recientemente inaugurado Centro Documental de la Memoria Histórica (anteriormente Archivo General de la Guerra Civil), al Ministerio de Defensa, a la Dirección General de Registros y del Notariado, a la Conferencia Episcopal Española, a os ayuntamientos de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba, al Archivo General de la Administración, a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial, todo ello en base a las numerosas renuncias realizadas por diferentes colectivos relacionados con la Memoria Histórica personados en el proceso abierto.
Es la primera vez en España que desde instancias judiciales se promueve algún tipo de investigación acerca de los represaliados, entre otras preguntas se pretende dar repuesta a algunas de estas preguntas: ¿quienes? ¿cómo? ¿cuándo?.
Quizá lo que se puede achacar a la oficina del Juez Baltasar Garzón, no sea el hecho en sí de promover esta iniciativa , sino el haber abierto un proceso largo, arduo y complicado. Si realmente las instituciones a las que se ha reclamado la información cumpliesen puntualmente su solicitud se verían desbordados por una cantidad de datos y de documentos ingentes, y se encontrarían con serías dificultades para su sistematización. Por otra parte, la labor que muchas asociaciones han venido y siguen realizando en diferentes lugares de nuestra geografía podría agilizar el proceso, sin embargo, de momento no han sido instados ni asociaciones ni particulares a proporcionar información acerca de los desaparecidos.
En León ya tenemos un censo aproximado de las personas que han sufrido represión en nuestra provincia, se trata del censo realizado mediante una subvención del Ministerio de Presidencia por la Asociación de Estudios sobre la Represión en León (AERLE), es verdad que aun no está completo, pero es muy posible que nunca pueda llegar a estarlo pues hay casos que permanecerán en el anonimato por la falta de datos.
En cualquier caso, el censo del que se habla hoy sería de los que fallecieron o desaparecieron, pero nada se dice de otros aspectos como la depuración de los cargos públicos, los maestros u otros funcionarios o trabajadores, ni de la represión económica ejercida sobre una parte importante de la población y sobre las familias de los republicanos asesinados.
Rajoy por su parte sigue con su perorata de que todo esto es abrir heridas del pasado, sin embargo hay un detalle a tener en cuenta las heridas no son del pasado, el agravio comparativo que sufren y siguen sufriendo las familias de los represaliados y desaparecidos en la Guerra Civil no se puede cerrar, porque la sociedad actual, que se asienta todavía sobre las bases sociales del franquismo sigue negando su existencia. Mientras la derecha española no muestre el mismo respeto que demuestra con las víctimas de ETA (a veces) no será posible cerrar las tan manidas heridas.
Desde un punto de vista histórico es muy importante conocer todos estos datos, cuantificar las muertes y la represión. El nuevo régimen que se instauró después de la Guerra Civil se define con una dictadura, precisamente porque uno de los factores que lo definen es el mantenimiento del poder por medio del ejercicio de la fuerza y de la represión sobre sus opositores, y la búsqueda por todos los medios de que el poder permanezca en las manos de una persona.
Nos quieren presentar la dictadura como un régimen liviano, que si bien había obtenido las riendas de forma poco legítima se legitimó por medio de los avances económicos y por la aceptación de los demás países, pero en el fondo esto sólo significa que a las grandes potencias les cuadraba dentro de sus estrategias y que los que les pasase a los españoles de a pie les importaba un comino.
Sin embargo, el hecho que con más fuerza consolidó el estado franquista fue la represión, ya que cualquier tipo de oposición fue atajada por medio de la represión primero, en todas sus facetas y más tarde del miedo, gestionado con medios coercitivos que se dispensaban de forma displicente para mantener controlada a la sociedad.
La represión fue un hecho evidente, que no debe ser obviado. Fueron muchos miles de personas, no dos o tres, y aunque pueda parecer que 100 arriba o abajo no importan, hay por cada uno una familia. ¿Acaso alguien dudaría de apoyar a las familias de los fallecidos en el accidente de Barajas?
Esperamos que esta iniciativa del Juez Garzón caiga en saco roto ahogada por las triquiñuelas jurídicas que podrían impedir su realización.
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